Guerrero, donde el narco manda

La región de Tierra Caliente de Guerrero es eso: una zona sofocante por la violencia que causan los grupos armados de la delincuencia organizada, los cuales, ante la ausencia de la autoridad o en complicidad con ella, extienden sus tentáculos a la política y las actividades económicas, como la comercial y la minera. Ejemplo de esa pesadilla que no para es el saqueo de negocios de quienes se resisten a pagar el derecho de piso impuesto por La Familia Michoacana y el cierre de plantas de distribución de empresas que, como la Coca-Cola, exigen al gobierno de Héctor Astudillo que haga valer el estado de derecho.

CHILPANCINGO, Gro.– El saqueo de dos almacenes de abarrotes a manos de una turba azuzada por miembros de la delincuencia organizada, ocurrido el 29 de abril en el poblado de Arcelia, resume el control que el narco ejerce sobre territorios de Tierra Caliente en los que la actividad económica y social está colapsada, donde están acotadas las garantías individuales y la ausencia de la autoridad es permanente.

A una semana de los hechos de rapiña que causaron pérdidas por 35 millones de pesos al empresario local Arturo Fernández Sámano, quien ya ha sufrido dos secuestros, se refuerza la línea de investigación de que el ataque en su contra se debe a que se negó a pagar el derecho de piso que le impuso La Familia Michoacana.

Al respecto, la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores ha resbalado a las autoridades municipales la responsabilidad del caso, señalando que “la autoridad local fue totalmente negligente, ya que nunca actuó, ni siquiera, para reportar los hechos que fueron alentados por un grupo delictivo”.

De acuerdo con los reportes oficiales, a las 4:00 horas del 29 de abril último, “varias personas” se metieron a las dos tiendas de El Surtidor, ubicadas en pleno centro de Arcelia, para robar mercancía. Había mujeres y niños entre la muchedumbre de unos 800 saqueadores.

Siete horas después del comienzo del asalto, a las 11 de la mañana, policías estatales, federales y soldados acudieron a la zona para “verificar los actos de rapiña”, indica el gobierno de Astudillo.

Otro asunto que refleja el problema de la zona: desde hace dos años, producto de la guerra entre organizaciones criminales por el control del municipio, la autodenominada Guardia Comunitaria de Teloloapan, que autoridades vinculan con el grupo delincuencial de Guerreros Unidos, ha denunciado públicamente a funcionarios locales, específicamente a Adolfo Torales, presidente municipal con licencia de Arcelia, de colaborar con La Familia Michoacana.

Pese a los señalamientos, el PRI en el estado de Guerrero, a cargo de Heriberto Huicochea Vázquez, postuló a Torales como su candidato para reelegirse como alcalde de ese municipio controlado por el narcotráfico.

Mineras en la mira

El 23 de marzo último, Coca-Cola FEMSA anunció el cierre indefinido de una planta de distribución en Ciudad Altamirano, Guerrero. En un comunicado, la empresa explicó que la medida fue tomada “anteponiendo la seguridad de más de 160 colaboradores” debido a que no existen las condiciones para trabajar de manera “eficiente y segura” en esta zona del estado.

La refresquera expuso que, recientemente, uno de sus colaboradores fue agredido y que “lamenta profundamente que la ausencia de un estado de derecho y la prevalencia de la impunidad que afecta a la región la lleve a detener sus labores en un territorio en el que ha tenido presencia por más de cuatro décadas”.

Otro caso: en junio de 2015, la misma compañía ya había cerrado otro centro de distribución en Arcelia, municipio en el que campesinos, empresarios, pequeños comerciantes y directivos de mineras son obligados, indican reportes oficiales, a pagar derecho de piso a La Familia.

Así, a una semana del ataque a los establecimientos de abarrotes El Surtidor, un caso que alcanzó reflectores internacionales, no ha habido avances en las investigaciones y mucho menos detenidos.

Amparada por la ausencia de las autoridades, la estructura de La Familia Michoacana, que dirige Johnny Hurtado Olascoaga, El Mojarro, sigue intacta en esta parte de Guerrero y en el sur del Estado de México, controlando las actividades comercial, minera y política.

En agosto de 2017, este semanario informó en su versión electrónica que la empresa canadiense Telson Resources y la consultora mexicana Reyna Maning, propiedad de José Antonio Berlanga Balderas, adquirieron en 20 millones dólares la mina “Campo Morado”, en el municipio de Arcelia, que permanecía cerrada desde 2015 por presiones del grupo delictivo de La Familia.

Esta mina de 12 mil hectáreas era propiedad, en 2011, de la empresa belga Nyrstar NV; cuatro años después tuvo que cerrar porque la delincuencia se apoderó del proceso de traslado del mineral, denunciaron directivos del corporativo, en ese entonces.

De acuerdo con declaraciones ministeriales de enero de 2015 de José María Chávez Magaña y de Sidronio Casarrubias, detenidos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el verdadero negocio de la mina “Campo Morado” involucra al empresario mexicano de origen argentino Carlos Ahumada Kurtz –protagonista del caso de los videoescándalos de 2004– y a Johnny Hurtado Olascoaga, El Mojarro, líder de La Familia, en el “tráfico de uranio”, el cual es embarcado en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, para enviarlo a China